| a pesar de la suspensión, la Asamblea Delta y Río de la Plata CONVOCA A JUNTARNOS, el Miércoles 23 de febrero a las 9 hs. en la puerta del Concejo Deliberante de Tigre (Paseo Victorica 902) Donde despacharemos un pedido al Presidente del HCD y los distintos bloques. Luego, nos dirigiremos al Palacio Municipal, para hacer entrega de una nota del mismo tenor al Intendente Sergio Massa. PEDIMOS: - que el Municipio solicite al OPDS la nulidad de la Audiencia Pública por ser convocada luego del inicio de las obras, - que simultáneamente, le solicite al OPDS la evaluación del daño ambiental producido por la firma Colony Park. - que luego de probado el daño, se solicite la remediación por daño colectivo para que se clausure definitivamente el emprendimiento - que con urgencia sea presentado el Plan de Manejo del Delta de Tigre en el HCD. - que mientras se demora la puesta en ejecución del Plan, se resuelva aplicando el Principio de Precaución, deteniendo todas las obras en trámite y/o en ejecución. EXTENDEREMOS LOS PUNTOS QUE CORRESPONDAN DE ESTE PETITORIO AL OPDS Y A LOS INTENDENTES DE LA REGIÓN METROPOLITANA NORTE. |
lunes, 21 de febrero de 2011
El miercoles a Tigre
sábado, 22 de enero de 2011
OTRA VEZ
Ruta 40 - San Juan - noviembre de 2010
Gioja y Godoy siguen apostando a la formula o se olvidaron que se armó la podrida.
viernes, 14 de enero de 2011
Mascar coca
Alerta informativa del IDPC, edición especial – Los gobiernos deben apoyar la propuesta de Bolivia para eliminar la prohibición de la masticación de la hoja de coca
El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) insta a los países a no presentar objeciones a la propuesta de Bolivia para eliminar la prohibición de la masticación de la hoja de coca.
Leer la nota para la incidencia política del IDPC: Es hora de reparar un error histórico: El IDPC insta a todos los países a no presentar objeciones a la propuesta de Bolivia para eliminar la prohibición que pesa sobre la masticación de la hoja de coca.
Algunos gobiernos, guiados por los Estados Unidos, se han movilizado para bloquear la propuesta del gobierno boliviano de eliminar la prohibición internacional de la masticación de la hoja de coca, una práctica milenaria en regiones de América Latina. El periodo de 18 meses durante el cual gobiernos pueden objetar a la solicitud boliviana fenece el 31 de enero de 2011.
En 2009, Evo Morales Ayma, el primer presidente indígena de Bolivia, envió una solicitud a las Naciones Unidas para eliminar la prohibición injustificada de la masticación de la hoja de coca. Esta solicitud tendría como consecuencia la modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, haciéndola compatible con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007.
Presidente Morales intentó corregir un error histórico. “Mascar coca no significa consumir cocaína”, afirmó Morales, para quien “el alcaloide de la cocaína que se encuentra en proporciones inferiores al 0,8% en la hoja de coca y que se ingiere por vía oral a través de la masticación no es estable en un medio ácido como el estómago y se hidroliza en su interior”. Mantener la Convención tal como fue gestada en 1961 es, para Morales, “un atentado a los derechos de los pueblos indígenas”.
Los Estados Unidos y otros gobiernos, entre ellos el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Suecia, Dinamarca, Rusia, Japón y Colombia, consideran presentar una objeción formal a la propuesta boliviana, lo que podría resultar en el rechazo de la solicitud por las Naciones Unidas.
El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) insta a los países a no presentar objeciones a la propuesta de Bolivia para eliminar la prohibición de la masticación de la hoja de coca.
Leer la nota para la incidencia política del IDPC: Es hora de reparar un error histórico: El IDPC insta a todos los países a no presentar objeciones a la propuesta de Bolivia para eliminar la prohibición que pesa sobre la masticación de la hoja de coca.
Algunos gobiernos, guiados por los Estados Unidos, se han movilizado para bloquear la propuesta del gobierno boliviano de eliminar la prohibición internacional de la masticación de la hoja de coca, una práctica milenaria en regiones de América Latina. El periodo de 18 meses durante el cual gobiernos pueden objetar a la solicitud boliviana fenece el 31 de enero de 2011.
En 2009, Evo Morales Ayma, el primer presidente indígena de Bolivia, envió una solicitud a las Naciones Unidas para eliminar la prohibición injustificada de la masticación de la hoja de coca. Esta solicitud tendría como consecuencia la modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, haciéndola compatible con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007.
Presidente Morales intentó corregir un error histórico. “Mascar coca no significa consumir cocaína”, afirmó Morales, para quien “el alcaloide de la cocaína que se encuentra en proporciones inferiores al 0,8% en la hoja de coca y que se ingiere por vía oral a través de la masticación no es estable en un medio ácido como el estómago y se hidroliza en su interior”. Mantener la Convención tal como fue gestada en 1961 es, para Morales, “un atentado a los derechos de los pueblos indígenas”.
Los Estados Unidos y otros gobiernos, entre ellos el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Suecia, Dinamarca, Rusia, Japón y Colombia, consideran presentar una objeción formal a la propuesta boliviana, lo que podría resultar en el rechazo de la solicitud por las Naciones Unidas.
miércoles, 5 de enero de 2011
SONRISAL DE VACACIONES EN PINAMAR
Sergio Massa nunca abandona Pinamar. El intendente de Tigre -que siempre suena como candidato- se instaló en su carpa del coqueto balneario CR. Se instaló con su esposa Malena y sus hijos. Sobre la segunda quincena de enero llegará su suegro, Fernando Galmarini, ex funcionario del gobierno de Duhalde. Desde Pinamar, Massa recorrerá la costa junto a un camión que promociona las virtudes de Tigre con divertidas actividades.
Sergio Massa nunca abandona Pinamar. El intendente de Tigre -que siempre suena como candidato- se instaló en su carpa del coqueto balneario CR. Se instaló con su esposa Malena y sus hijos. Sobre la segunda quincena de enero llegará su suegro, Fernando Galmarini, ex funcionario del gobierno de Duhalde. Desde Pinamar, Massa recorrerá la costa junto a un camión que promociona las virtudes de Tigre con divertidas actividades.
REPARTO DE LA PUBLICIDAD OFICIAL EN TV
José Crettaz
LA NACION
El gobierno nacional gastó 107 millones de pesos en publicidad en la televisión abierta porteña en 2010, y de esa inversión, que incluye tanto los avisos de tanda como la publicidad no tradicional (PNT), Canal 9 concentró el 67,5% ($ 72,3 millones), seguido muy lejos por Telefé, que alcanzó el 16,7% de esos fondos.LA NACION
El Trece, con el 5% de la torta, fue la emisora que menos pauta oficial recibió, aunque este año, por primera vez en 20 años, lideró el rating. En 2009, cuando el Estado gastó 161,5 millones de pesos, el reparto había sido más equitativo: Telefé, 34%; El Trece, 25,9%, y Canal 9, 18,7%.
Dentro de la programación de Canal 9, que se caracteriza por la emisión de telenovelas extranjeras, enlatados antiguos y varios programas de archivo con panelistas, la productora Pensado para Televisión (PPT), del empresario kirchnerista Diego Gvirtz, fue la mayor beneficiada: sus programas Duro de domar y Televisión registrada sumaron alrededor de $ 20 millones. Sólo la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo que administra las jubilaciones y la asignación universal por hijo, entre otros beneficios sociales, contrató 15.000 segundos en esos envíos, equivalentes a $ 20 millones.
Gvirtz también produce en el estatal Canal 7 el programa 6,7,8 .
Según una copia difundida por el periodista Luis Ventura y por el diario Perfil , 6,7,8 le costó al Estado 11 millones de pesos el año pasado. En publicidad oficial, Canal 7 sumó en 2010 sólo $ 5.450.000, el 5,1% del total de la torta. Televisión registrada , Duro de domar y 6,7,8 tienen al menos dos características comunes: los tres son programas de archivo con altas dosis de edición, y en los tres se defenestra cualquier voz crítica respecto de la administración Kirchner, con especial énfasis en políticos opositores, periodistas y medios independientes.
Anunciantes estelares A todos los canales la pauta oficial llega por medio de la agencia Télam, que administra esos fondos por cuenta y orden de distintos organismos públicos. Pero a Canal 9 arribó también por la Anses y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que invirtieron $ 34,2 millones y $ 11,6 millones, respectivamente. En otras palabras, la Anses y la AFIP sólo pautaron en Canal 9, entre cuyos directivos se menciona a Luis Ricardo Palacio, interventor del desaparecido Sistema Nacional de Medios Públicos durante la gestión del fallecido Néstor Kirchner.
Otros programas de la emisora que supo ser de Alejandro Romay, recibieron pauta oficial por 11.608 segundos, equivalentes a casi $ 15 millones. Uno de los programas a cuyas tandas fue parte de ese dinero es Bajada de línea , producido por GP Media, empresa fundada por Gastón Portal y también dedicada, principalmente, a los programas de archivo. Según fuentes del mercado publicitario, de donde se desprenden todos estos datos, no menos de $ 10 millones irían indirectamente a esa producción.
La Nacion consultó a la Anses el 13, 15 y 23 de diciembre pasados. En todas las oportunidades, el organismo previsional prometió responder la consulta, pero hasta el momento no cumplió. En cambio, por medio de sus voceros habituales, la AFIP sí respondió. "Para la campaña El destino de sus impuestos sólo los canales 9 y Telefé cumplieron con las exigencias para ser habilitados para su contratación. Canal 9 ya emitió la publicidad y Telefé está pautado y saldrá al aire cuando se apruebe la orden de publicidad". A pesar de un pedido expreso, la AFIP no aclaró a qué programas de Canal 9 fueron a parar sus spots, ni por qué Telefé se demoró en emitirlos.
La Nacion también buscó la opinión de PPT vía correo electrónico el 15 y 23 de diciembre y por teléfono el 28 del mismo mes, pero en ningún caso se respondieron las consultas. Lo mismo se hizo con Canal 9, por medio de su área de prensa. Todos estos requerimientos se repitieron ayer.
Sí respondieron desde GP Media para deslindar su responsabilidad. " Bajada de línea no tiene un solo PNT oficial porque no vendimos nada dado que el canal nos paga un monto fijo por el servicio de producción, de archivo y todo eso. En la tanda puede ser, pero GP Media no tiene nada que ver con la comercialización de la tanda del canal", dijo Omar Daneri, directivo de la productora.
En tanto, el periodista Víctor Hugo Morales, productor periodístico y conductor de Bajada de línea , aseguró: "En determinado momento yo pesqué una indirecta de esa naturaleza [la inversión publicitaria estatal en su programa] y le pregunté a la gente de [Gastón] Portal por mail si existía alguna relación de Bajada de línea con el Gobierno y me juraron por sus hijos que no". Según dijo Morales a La Nacion, "se habla mucho de la publicidad oficial, pero sería muy importante hablar de las menciones que tienen las corporaciones, al servicio de las cuales muchas veces funcionan los medios".
miércoles, 29 de diciembre de 2010
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http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1336877
Editorial II
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La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado dispuso preventivamente la clausura de las urbanizaciones privadas Colony Park y Parque de la Isla, situadas en la primera sección de islas del delta del Paraná, pertenecientes al municipio de Tigre. Asimismo, ordenó al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible el estricto contralor de la medida dictada.
Lo que sucede allí es otra lamentable historia que deja al descubierto cómo una suma de irregularidades e irresponsabilidades por parte de la autoridad y algunos privados transforma en un verdadero desastre ambiental cuestiones que deberían manejarse mediante una planificación, una gestión y un control adecuados, ya que se trata de nuestros más valiosos recursos naturales.
Con una ubicación inmejorable, frente a exclusivos clubes náuticos de la zona norte y a unos mil metros apenas de una de las avenidas más importantes del continente, separados apenas por un canal, los emprendimientos Colony Park y Parque de la Isla parecen ser el lugar perfecto para vivir rodeado de verde y cerca de la ciudad a la vez.
Sin embargo, el desarrollo de infraestructura necesario para llevar a cabo el millonario emprendimiento que se publicita como "isla privada" implica la destrucción de enormes sectores del humedal isleño. Las graves consecuencias que esto acarrea van más allá de la irreparable pérdida de flora y fauna autóctonas. El relleno de los terrenos a más de siete metros de altura para facilitar la construcción de casas tradicionales (y no sobre palafitos, como ancestralmente ocurre en el lugar para permitir la normal corriente de mareas), el desvío y cierre de algunos cursos de agua, el desalojo de familias de antiguos pobladores y el ingreso de automóviles, que accederían al predio por un puente que conectará continente e isla, son algunos de los daños que están causando estas urbanizaciones al ecosistema del Delta.
La pretensión sería quitarle al lugar justamente su condición de insularidad para convertirlo en una arteria más del extendido ejido urbano: una idea totalmente incompatible con la conocida necesidad de preservar áreas críticas de conservación, que nos proveen de agua, alimentos, fibras vegetales, regulan inundaciones, entre tantos otros servicios.
La estrategia de los desarrolladores de algunos de estos emprendimientos es la de avanzar con las construcciones inmobiliarias sin los permisos pertinentes, intentando regularizar en algún momento, a través de la teoría de los hechos consumados, una clara situación no ajustada a derecho. Se trata de una violación de las normas vigentes que requiere cierta complicidad de la autoridad de aplicación de turno, que tanto por acción u omisión no cumple ni hace cumplir las leyes locales ni provinciales.
En el caso de Colony Park y los demás emprendimientos, tanto la autoridad municipal como la provincial evitaron actuar y no suspendieron las obras, que no contaban con un estudio de impacto ambiental obligatorio y previo. La Fundación Pro Tigre y Cuenca del Plata, una organización ambientalista pionera en Tigre con más de dos décadas de trayectoria trabajando para promover la conservación del Delta, viene alertando junto con otras ONG y vecinos locales acerca de la compleja situación que atraviesa esta zona de las islas frente a un daño ambiental colectivo de difícil recomposición.
La normativa ambiental vigente (artículo 30 de la ley general del ambiente) dice que producido el daño ambiental colectivo, estará legitimado el Estado nacional, provincial o municipal para accionar ante la Justicia en solicitud de la recomposición, aplicando todos los recursos que estén a su alcance para mitigar los daños.
Más allá de la cuestión legal, el delta del Paraná y las zonas aledañas requieren un urgente plan de ordenamiento territorial en el que se dé prioridad al medio ambiente y a la protección de los recursos naturales. En él deberá contemplarse un estudio de impacto ambiental sistémico que evalúe al Delta como una unidad de gestión y no cada obra en particular. Asimismo, deberían paralizarse inmediatamente las obras susceptibles de degradar el ambiente, hasta tanto se defina el plan de ordenamiento territorial. El futuro del inigualable delta del Paraná, patrimonio de todos los argentinos, está en juego.
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http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1336877
Editorial II
El Delta está en juego
Esa zona del Paraná requiere un urgente plan de ordenamiento en el que se dé prioridad al medio ambiente
Martes 28 de diciembre de 2010 | Publicado en edición impresa
La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado dispuso preventivamente la clausura de las urbanizaciones privadas Colony Park y Parque de la Isla, situadas en la primera sección de islas del delta del Paraná, pertenecientes al municipio de Tigre. Asimismo, ordenó al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible el estricto contralor de la medida dictada.
Lo que sucede allí es otra lamentable historia que deja al descubierto cómo una suma de irregularidades e irresponsabilidades por parte de la autoridad y algunos privados transforma en un verdadero desastre ambiental cuestiones que deberían manejarse mediante una planificación, una gestión y un control adecuados, ya que se trata de nuestros más valiosos recursos naturales.
Con una ubicación inmejorable, frente a exclusivos clubes náuticos de la zona norte y a unos mil metros apenas de una de las avenidas más importantes del continente, separados apenas por un canal, los emprendimientos Colony Park y Parque de la Isla parecen ser el lugar perfecto para vivir rodeado de verde y cerca de la ciudad a la vez.
Sin embargo, el desarrollo de infraestructura necesario para llevar a cabo el millonario emprendimiento que se publicita como "isla privada" implica la destrucción de enormes sectores del humedal isleño. Las graves consecuencias que esto acarrea van más allá de la irreparable pérdida de flora y fauna autóctonas. El relleno de los terrenos a más de siete metros de altura para facilitar la construcción de casas tradicionales (y no sobre palafitos, como ancestralmente ocurre en el lugar para permitir la normal corriente de mareas), el desvío y cierre de algunos cursos de agua, el desalojo de familias de antiguos pobladores y el ingreso de automóviles, que accederían al predio por un puente que conectará continente e isla, son algunos de los daños que están causando estas urbanizaciones al ecosistema del Delta.
La pretensión sería quitarle al lugar justamente su condición de insularidad para convertirlo en una arteria más del extendido ejido urbano: una idea totalmente incompatible con la conocida necesidad de preservar áreas críticas de conservación, que nos proveen de agua, alimentos, fibras vegetales, regulan inundaciones, entre tantos otros servicios.
La estrategia de los desarrolladores de algunos de estos emprendimientos es la de avanzar con las construcciones inmobiliarias sin los permisos pertinentes, intentando regularizar en algún momento, a través de la teoría de los hechos consumados, una clara situación no ajustada a derecho. Se trata de una violación de las normas vigentes que requiere cierta complicidad de la autoridad de aplicación de turno, que tanto por acción u omisión no cumple ni hace cumplir las leyes locales ni provinciales.
En el caso de Colony Park y los demás emprendimientos, tanto la autoridad municipal como la provincial evitaron actuar y no suspendieron las obras, que no contaban con un estudio de impacto ambiental obligatorio y previo. La Fundación Pro Tigre y Cuenca del Plata, una organización ambientalista pionera en Tigre con más de dos décadas de trayectoria trabajando para promover la conservación del Delta, viene alertando junto con otras ONG y vecinos locales acerca de la compleja situación que atraviesa esta zona de las islas frente a un daño ambiental colectivo de difícil recomposición.
La normativa ambiental vigente (artículo 30 de la ley general del ambiente) dice que producido el daño ambiental colectivo, estará legitimado el Estado nacional, provincial o municipal para accionar ante la Justicia en solicitud de la recomposición, aplicando todos los recursos que estén a su alcance para mitigar los daños.
Más allá de la cuestión legal, el delta del Paraná y las zonas aledañas requieren un urgente plan de ordenamiento territorial en el que se dé prioridad al medio ambiente y a la protección de los recursos naturales. En él deberá contemplarse un estudio de impacto ambiental sistémico que evalúe al Delta como una unidad de gestión y no cada obra en particular. Asimismo, deberían paralizarse inmediatamente las obras susceptibles de degradar el ambiente, hasta tanto se defina el plan de ordenamiento territorial. El futuro del inigualable delta del Paraná, patrimonio de todos los argentinos, está en juego.
jueves, 16 de diciembre de 2010
PARA RECORDARLO TODOS LOS DIAS
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