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Editorial II
El Delta está en juego
Esa zona del Paraná requiere un urgente plan de ordenamiento en el que se dé prioridad al medio ambiente
Martes 28 de diciembre de 2010 | Publicado en edición impresa
La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado dispuso preventivamente la clausura de las urbanizaciones privadas Colony Park y Parque de la Isla, situadas en la primera sección de islas del delta del Paraná, pertenecientes al municipio de Tigre. Asimismo, ordenó al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible el estricto contralor de la medida dictada.
Lo que sucede allí es otra lamentable historia que deja al descubierto cómo una suma de irregularidades e irresponsabilidades por parte de la autoridad y algunos privados transforma en un verdadero desastre ambiental cuestiones que deberían manejarse mediante una planificación, una gestión y un control adecuados, ya que se trata de nuestros más valiosos recursos naturales.
Con una ubicación inmejorable, frente a exclusivos clubes náuticos de la zona norte y a unos mil metros apenas de una de las avenidas más importantes del continente, separados apenas por un canal, los emprendimientos Colony Park y Parque de la Isla parecen ser el lugar perfecto para vivir rodeado de verde y cerca de la ciudad a la vez.
Sin embargo, el desarrollo de infraestructura necesario para llevar a cabo el millonario emprendimiento que se publicita como "isla privada" implica la destrucción de enormes sectores del humedal isleño. Las graves consecuencias que esto acarrea van más allá de la irreparable pérdida de flora y fauna autóctonas. El relleno de los terrenos a más de siete metros de altura para facilitar la construcción de casas tradicionales (y no sobre palafitos, como ancestralmente ocurre en el lugar para permitir la normal corriente de mareas), el desvío y cierre de algunos cursos de agua, el desalojo de familias de antiguos pobladores y el ingreso de automóviles, que accederían al predio por un puente que conectará continente e isla, son algunos de los daños que están causando estas urbanizaciones al ecosistema del Delta.
La pretensión sería quitarle al lugar justamente su condición de insularidad para convertirlo en una arteria más del extendido ejido urbano: una idea totalmente incompatible con la conocida necesidad de preservar áreas críticas de conservación, que nos proveen de agua, alimentos, fibras vegetales, regulan inundaciones, entre tantos otros servicios.
La estrategia de los desarrolladores de algunos de estos emprendimientos es la de avanzar con las construcciones inmobiliarias sin los permisos pertinentes, intentando regularizar en algún momento, a través de la teoría de los hechos consumados, una clara situación no ajustada a derecho. Se trata de una violación de las normas vigentes que requiere cierta complicidad de la autoridad de aplicación de turno, que tanto por acción u omisión no cumple ni hace cumplir las leyes locales ni provinciales.
En el caso de Colony Park y los demás emprendimientos, tanto la autoridad municipal como la provincial evitaron actuar y no suspendieron las obras, que no contaban con un estudio de impacto ambiental obligatorio y previo. La Fundación Pro Tigre y Cuenca del Plata, una organización ambientalista pionera en Tigre con más de dos décadas de trayectoria trabajando para promover la conservación del Delta, viene alertando junto con otras ONG y vecinos locales acerca de la compleja situación que atraviesa esta zona de las islas frente a un daño ambiental colectivo de difícil recomposición.
La normativa ambiental vigente (artículo 30 de la ley general del ambiente) dice que producido el daño ambiental colectivo, estará legitimado el Estado nacional, provincial o municipal para accionar ante la Justicia en solicitud de la recomposición, aplicando todos los recursos que estén a su alcance para mitigar los daños.
Más allá de la cuestión legal, el delta del Paraná y las zonas aledañas requieren un urgente plan de ordenamiento territorial en el que se dé prioridad al medio ambiente y a la protección de los recursos naturales. En él deberá contemplarse un estudio de impacto ambiental sistémico que evalúe al Delta como una unidad de gestión y no cada obra en particular. Asimismo, deberían paralizarse inmediatamente las obras susceptibles de degradar el ambiente, hasta tanto se defina el plan de ordenamiento territorial. El futuro del inigualable delta del Paraná, patrimonio de todos los argentinos, está en juego.
